«Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos sólo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Que las clases dominantes tiemblen ante una Revolución Comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar». (Karl Marx y Friedrich Engels; «Manifiesto del Partido Comunista», 1848)

domingo, 15 de mayo de 2011

Las torturas y el trato a inmigrantes principales críticas al gobierno español en el informe de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional, en su informe anual, ha vuelto a criticar varios puntos muy graves respecto a la vulneración de derechos humanos en el Estado español. Dicho informe abarca un amplio abanico de reprobaciones al gobierno.

Uno de los aspectos más preocupantes es la persistencia de la tortura y los malos tratos por parte de los responsables de hacer cumplir la ley. La vulneración del Plan de Derechos Humanos aprobado por el Gobierno en 2008 al no recopilar los posibles casos de estos delitos y la reforma del Código Penal sin cambiar la definición de tortura, tal y como aconsejó el Comité de la ONU ante la Tortura, también son aspectos que aparecen en el informe.

La persistencia del régimen de incomunicación para detenidos por presuntos actividades terroristas, desoyendo las recomendaciones para su desaparición, es otro punto criticado. Son varios los ejemplos que nombra la ONG internacional para demostrar la falta de interés por parte de la justicia y las nulas consecuencias que tienen las denuncias de torturas. Los casos que nombras son las siguientes : Los dos agentes de policía acusados de matar al nigeriano Osamuyia Akpitaye por asfixia durante su expulsión de España en junio de 2007 ; Las torturas denunciadas por Mohammed Fahsi, detenido en enero de 2006 por la Guardia Civil ; las de María Mercedes Alcocer, a manos de miembros de la Guardia Civil estando recluida en régimen de incomunicación ; las de Igor Portu y Mattin Sarasola, declarados culpables de pertenecer a ETA; las de Mikel San Argimiro Isasa y el caso omiso de España a la petición del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que no extraditara a Marruecos a Ali Aarras.

Respecto a la política de inmigración hace mención al descenso de los inmigrantes “ilegales” llegados pero esto es debido sobre todo al hecho de que se han seguido aplicando políticas de interceptación de migrantes y solicitantes de asilo en el mar y acuerdos de readmisión firmados con los países de origen y de tránsito. El gobierno, además, rechazó en septiembre la recomendación de firmar y ratificar la Convención sobre los Derechos de los Migrantes, formulada por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre el Examen Periódico Universal.

Relacionado con el mismo tema Amnistía Internacional destaca que no se respeta en la práctica el derecho a un periodo de recuperación y reflexión en el caso de los extranjeros en situación irregular que pudieran haber sido víctimas de trata. Por otro lado recalca que las mujeres migrantes en situación irregular que sufren violencia en el ámbito familiar o de género siguen temiendo presentar denuncia ante la policía por el riesgo de ser expulsadas al hacerlo.

Otra crítica de alto calado es la recriminación al gobierno de no tomar medidas para combatir la discriminación de ciudadanos extranjeros y apoyar la libertad de expresión y religión. Hace mención para argumentarlo de la emisión por parte de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil de una circular por la que autorizaba la detención preventiva de los ciudadanos extranjeros que no presentaran documentos de identidad al pedírselos en un control. Por otro lado ve peligro en la aprobación de disposiciones que prohíben el uso del velo integral en edificios municipales al chocar con la libertad de expresión y religión.

El aparato judicial tampoco se libra de salir nombrado en el informe. Se hace mención tanto a la reforma de ley que suponía una limitación de la jurisdicción universal como a la acusación del Tribunal Supremo contra el juez instructor Baltasar Garzón tras haber puesto en marcha por primera en España una investigación sobre delitos cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y lo relaciona con la incompatibilidad de la Ley de Amnistía con los derechos internacionales y recuerda la petición del Comité de Derechos Humanos de la ONU a España en 2008 para que considerase la derogación de dicha ley.




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